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Mar 31

La crisis actual de América Latina: causas y soluciones

Nueva Sociedad, Enero-Febrero 2017

Las transformaciones en América Latina durante la última década tienen varias dimensiones, que en muchos casos se contraponen. Transformaciones antielitistas, perspectivas inclusivas, pero también mantenimiento e incluso profundización de la dependencia de los recursos naturales. El Estado comenzó a ganar nuevamente sustancia institucional y poder de regulación, pero el sistema impositivo casi no fue tocado y se mantuvieron numerosas formas de precariedad laboral y social. Y no menos ambivalencias operaron en el terreno de la democracia.

Crisis en AL

El nuevo siglo comenzó en América Latina con un «giro a la izquierda» que fijó nuevos rumbos en el tratamiento de la cuestión social, la participación política o los derechos de las minorías y que obtuvo reconocimiento internacional. Estas dinámicas fueron favorecidas por Estados que se fortalecían y un sólido crecimiento económico en un contexto de alzas en los precios de las materias primas. Mientras la crisis financiera desatada a partir de 2007 hacía sentir a Estados Unidos y Europa las consecuencias sociales del descontrol de los mercados, en América Latina se reducía la pobreza casi a la mitad. Estos éxitos se complementaron con nuevos ideales que tenían como meta una mayor participación política y un desarrollo sostenible. Así fue como en 2010 The Economist eligió para estos años la elogiosa denominación de «década latinoamericana»1.

Pero esta política ha desembocado en una crisis. Junto con la baja de los precios de las materias primas, la economía se debilita, los gobiernos pierden el apoyo de la población e intentan, ante todo, salvarse a sí mismos, al tiempo que la pobreza vuelve a aumentar2. Las últimas elecciones en Venezuela y Argentina o la destitución de la presidenta brasileña Dilma Rousseff no dejan lugar a dudas: la izquierda gobernante se enfrenta, tras más de una década en el poder, a serios problemas. Es probable que haya tenido en los últimos 15 años la oportunidad del siglo para avanzar por el sendero del desarrollo y alcanzar mayores niveles de independencia del mercado mundial y de las materias primas, pero hoy esa oportunidad vuelve a alejarse y esto coloca a la región ante nuevos desafíos.

Entrada en el siglo xxi

Las reformas (económicas) neoliberales introducidas a partir de la década de 1980 habían prometido a América Latina prosperidad y participación para todos. Pero en lugar de incentivar el crecimiento económico y la construcción de instituciones estatales más sólidas, solo beneficiaron a unas pocas personas –como el mexicano Carlos Slim, que se convirtió en uno de los más ricos del mundo– y simultáneamente arrojaron a gran parte de la población a la miseria. Al iniciarse el siglo, más de 40% de la población latinoamericana era pobre. El neoliberalismo condujo además a un aumento de la participación política, que contribuyó a dos tendencias. Por un lado, se fortalecieron en toda la región movimientos sociales y la cuestión social volvió a la agenda política. Por otro lado –y relacionado con lo anterior–, muchos grupos indígenas se constituyeron, tras siglos de marginación, en un movimiento político con cada vez mayor influencia. Con ellos, ganaron importancia nuevos modelos de desarrollo como, por ejemplo, el concepto de «buen vivir» o una relación distinta con la naturaleza. Estos movimientos e iniciativas de base fueron un importante nexo para el ascenso al poder de los gobiernos social-liberales democráticos (Chile), socialdemócratas (Brasil) o autodefinidos como socialistas (Venezuela), que comenzaron una primera fase de gobierno progresista.Al principio, muchos de los nuevos gobiernos tuvieron que imponerse frente a las tradicionales elites conservadoras. Este cambio no se hizo sin conflictos: resulta emblemático el intento de la oposición venezolana de dar un golpe con ayuda de las Fuerzas Armadas en 2002 contra el presidente Hugo Chávez, elegido con 60% de los votos. También es cierto que las medidas de los nuevos gobiernos no fueron siempre elaboradas de manera democrática y que derribaron alguna que otra institución de la democracia representativa. No obstante, las advertencias de que de este modo se abría un nuevo flanco al autoritarismo no tenían en cuenta que esas políticas eran frecuentemente necesarias para una profundización de la democracia. Sucede que el retorno de América Latina a la democracia a partir de fines de la década de 1970 se basó mayormente en transiciones pactadas, en las que las viejas elites se habían reservado numerosos poderes de veto y derechos exclusivos que obstaculizaban una real participación de todos. Por ejemplo, hasta el día de hoy, 10% de los ingresos del Estado chileno por la extracción de cobre se depositan en una cuenta de las Fuerzas Armadas que no está sujeta a ningún control (parlamentario).

Si volvemos la vista a la última década del presente siglo, en esta primera fase se cumplieron más esperanzas que temores. A pesar de los malos augurios, las reglas centrales del gobierno democrático fueron respetadas. En numerosos países se produjo, en diálogo con movimientos sociales y organizaciones de base o impulsada por estos, una profundización de la gestión democrática compartida que complementaba la democracia representativa liberal con elementos participativos y comunitarios. Entre las medidas más importantes están una ampliación de la participación local y más autonomía municipal o regional. A eso se agregaron reformas constitucionales ratificadas regularmente por consultas populares, que no solo establecían más elementos participativos y plebiscitarios sino que –como en Ecuador– concedían a la naturaleza, además, el estatus de sujeto de derecho. Esta concepción de la naturaleza como titular de derecho abre, en principio, la posibilidad de un cambio esencial en cuanto a la manera de encarar socialmente las actuales crisis del medio ambiente. Muchos países se destacaron también por reformas progresistas en otros campos, como el reconocimiento de diversidades y de los derechos de las minorías, la revisión y persecución de violaciones a los derechos humanos acaecidas en el pasado, una política de drogas liberal, etc.Estas tendencias fueron beneficiadas por una situación favorable de los mercados mundiales. La explosión de los precios de las materias primas dio el apoyo económico para un renacimiento del Estado desarrollista. Si bien fueron pocas las expropiaciones reales, el Estado volvió a manejar con rienda corta empresas públicas o bien se reservó, tras nuevas negociaciones con empresas extractivas transnacionales, una mayor participación en las ganancias derivadas de las materias primas. En vista de la evolución de los precios internacionales y la alta demanda de materias primas latinoamericanas, muchos inversores (inter)nacionales consideraron que estas exigencias eran absolutamente tolerables. Así fue como las arcas de los gobiernos se llenaron de manera inesperadamente veloz y esto favoreció la expansión de la infraestructura estatal. De este modo, el Estado comenzó a ganar nuevamente sustancia institucional y poder de regulación. Esto sentó los fundamentos para una importante innovación en la región: mientras que en muchos otros países –por ejemplo, el sur de Europa– la situación social empeoraba, la mayoría de los gobiernos de centroizquierda de América Latina iniciaban una política social expansiva e introducían numerosos estándares nuevos en el mercado laboral fuertemente desregulado. La combinación de desarrollo social sostenido por las exportaciones de materias primas siguió las particularidades de cada país. Pero hacia fines de la última década se impuso en la región un modelo de desarrollo en el que un Estado fortalecido captaba los ingresos adicionales por exportación de materias primas, encaraba efectivamente la cuestión social como agente de desarrollo y era legitimado una y otra vez mediante promesas de modernización y elecciones democráticas. Este modelo ha ingresado en los debates políticos y científicos bajo la etiqueta de «neoextractivismo»3.

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