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Nov 08

El sur de Colombia, una frontera asediada por distintas violencias

 

TUMACO, Colombia – Faiber Sabogal, un campesino de 29 años, se recuperaba de dos heridas sentado en el porche de su casa, en la vereda El Tandil, ubicada en una zona selvática muy cerca de la frontera con Ecuador. Seis días antes, el 5 de octubre, una bala de fusil entró por la espalda de Faiber y salió por su abdomen, disparada a unos cincuenta metros de distancia.

“Yo iba corriendo lejos de los policías, pero el tiro me alcanzó y caí al suelo”, dijo mientras recordaba la protesta de cocaleros en la que resultó herido, y en la que al menos seis de sus vecinos murieron.

El Tandil es una vereda silenciosa perdida entre la selva, con casas hechas de tablas y latón, repartidas entre lomas surcadas por verdes sembradíos de coca. Los campesinos sobreviven casi aislados en una zona rural que pertenece al municipio de Tumaco, un puerto pesquero junto al Pacífico, en el departamento de Nariño, uno de los más pobres de Colombia.

Durante los últimos años, esta zona fértil que podría generar cultivos variados ha recibido a miles de campesinos desplazados que huían de los combates entre el ejército y las Farc. Muchos de ellos, como Faiber, llegaron desde el vecino departamento de Caquetá, también rural, con las manos vacías y decididos a cosechar la única hoja factible.

Hoy la coca, más rentable que cualquier otro cultivo, sigue creciendo en Colombia, y Tumaco es el municipio que hace el mayor aporte a esa industria: 23.148 hectáreas, de las 188.000 hectáreas de coca a escala nacional que acaba de contar la Administración para el Control de las Drogas de los Estados Unidos (DEA, por su sigla en inglés).

Para detener este auge, el gobierno de Juan Manuel Santos implementó en mayo el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, después de llegar a un acuerdo de paz con las Farc —que solían dominar la explotación cocalera— para erradicar y sustituir cien mil hectáreas del arbusto durante el primer año de aplicación del programa.

Este programa, según un informe de la Fundación Ideas para la Paz, ha firmado acuerdos individuales y colectivos que beneficiarían a más de 140.000 familias en distintas regiones del país, con apoyo técnico y financiero que permitiría a los campesinos cambiar de rubro.

En todo Tumaco, donde el desempleo y la desigualdad campean, los hombres jóvenes suelen dedicarse a solo dos oficios: o cultivan la hoja de coca o viajan como mulas para exportar la cocaína hacia México y Estados Unidos.

 

Pero esa promesa no se ha cumplido. La FIP, un centro de pensamiento independiente, fundado en 1999 por un grupo de empresarios colombianos, dice en su más reciente informe que “el programa ha causado grandes expectativas en las comunidades locales, pero estas expectativas no se corresponden con los recursos y la capacidad del Estado”.

Según el informe, “las brechas entre la entrega de subsidios, la asistencia técnica y la inversión en bienes y servicios públicos han generado descontento en la población, y podría exacerbar el conflicto social. El telón de fondo de esta dinámica es una larga historia de abandono y fracaso al momento de cumplir con los compromisos, lo que ha generado altos niveles de desconfianza hacia el Estado”.

Picos, palas y balas

Durante los últimos cinco meses, el ejército y la policía antinarcóticos han llegado a las veredas de Tumaco para arrancar miles de arbustos a punta de picos y palas. Los hombres armados irrumpen en los caseríos y arrasan cosechas enteras en solo minutos. Detrás de ellos los campesinos, resignados, alcanzan a rescatar menos de la mitad de la hoja, que se seca en unas horas de forma inevitable.

Ancízar Artunduaga, otro campesino de 33 años, nacido también en Caquetá, llegó en 2005 a Tumaco para apostarle a la coca. La cultivó durante más de diez años en la vereda Puerto Rico, ubicada en la parte baja del río Mira, a un par de horas de camino de El Tandil, donde ocurrió la masacre el 5 de octubre. En algún momento Ancízar se cansó del trabajo en el campo e invirtió dinero en una tienda donde ahora provee químicos y fertilizantes a los vecinos que siguen cultivando la hoja.

La vereda de Puerto Rico está a pocos minutos de Ecuador. La mayoría de las casas son construcciones recientes, siempre hechas de madera y latón. Allí hay tiendas de abarrotes y un colegio, pero a la comunidad le ha costado mantener a los maestros, que dejan de asistir por miedo a la violencia o por lo costoso y difícil que resulta el viaje desde la zona urbana. Mientras tanto, los niños crecen y andan por ahí ociosos o muy ocupados raspando los arbustos de coca hasta esquilmarlos por completo.

En todo Tumaco, donde el desempleo y la desigualdad campean, los hombres jóvenes suelen dedicarse a solo dos oficios: o cultivan la hoja de coca o viajan como mulas para exportar la cocaína hacia México y Estados Unidos. En un solo viaje, pueden recibir hasta 100.000 dólares por el encargo.

Colombia puede mostrar hoy la tasa de homicidios más baja de los últimos veinte años, con un promedio nacional de 23,6 por cada cien mil habitantes. Pero Tumaco aún supera el 70.

El informe Forensis 2016, elaborado por el Instituto de Medicina Legal, analizó las cifras de homicidios registradas entre 2014 y 2016 en los veinticinco municipios que alojan las zonas veredales donde la antigua guerrilla de las Farc hace su tránsito a la vida civil.

Son lugares tradicionalmente violentos que durante años han vivido acosados por la guerra, atrapados entre los bandos en pugna. Entre esos veinticinco municipios, los homicidios ligados al conflicto armado han disminuido después del Acuerdo de Paz. Pero las muertes violentas asociadas a otros fenómenos, como enfrentamientos entre bandas y ajustes de cuentas, se han disparado.

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